El Gobierno de Álan García autorizó este sábado la actuación del Ejército Nacional en algunos distritos de la Amazonía, donde los pueblos originarios están en protesta permanente, desde el pasado nueve de abril, en rechazo a leyes que consideran lesivas a sus derechos.
Entre los reglamentos que rechazan cerca de 60 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.
Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
Según medios locales, las protestas indígenas han ocasionado problemas de desabastecimiento en regiones amazónicas, y este hecho provocó el aumentó en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad.
La participación del Ejército en distritos de la Amazonía busca "contribuir y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población", según las resoluciones oficiales que se publicaron este sábado para hacer válida la medida gubernamental.
Según el Ejecutivo, esta determinación se tomó para apoyar a la Policía Nacional en sus labores en la Amazonía, esto implica que el Ejército vigilará el correcto funcionamiento de servicios como el agua, la energía eléctrica, aeropuertos y vías de acceso terrestre a las zonasen conflicto.
El objetivo que se persigue es que la Policía Nacional concentre su trabajo en el control del orden público y el trabajo con la población.
Los distritos en donde se llevarán a cabo las resoluciones son los de Aramango, el Milagro, Bagua, Cenepa y Santa María del Nieva, en la región Amazonas.
Los pueblos originarios anunciaron el pasado viernes que se mantendrán en su lucha al dar por roto el diálogo con el Gobierno, que no tiene, según los nativos, "ninguna voluntad política" de resolver el problema.
También el viernes se declararon en "insurgencia", lo que significa "desobedecer al Presidente" y hacer obligatorias las leyes ancestrales en los territorios amazónicos, según dijo el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango.
El estado de emergencia decretado por el Gobierno desde el pasado nueve de mayo en varias localidades amazónicas aún persiste y los indígenas piden que se levante.